En operativos llevados a cabo en zonas rurales de los municipios de Escuinapa y Concordia, ubicados al sur del estado de Sinaloa, el Ejército Mexicano reportó el rescate de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, en lo que se presume fueron casos de reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales.
Ambos municipios, Escuinapa y Concordia, se han caracterizado por ser áreas donde la información fluye con dificultad. Residentes locales reportan de manera constante enfrentamientos y detonaciones, eventos que a menudo no son confirmados ni desmentidos por las autoridades, generando un clima de incertidumbre y, en el caso de la zona serrana de Concordia, incluso el desplazamiento de comunidades enteras.
El primer rescate tuvo lugar en El Verde, una comunidad serrana perteneciente al municipio de Concordia. En este incidente, un joven habría sido levantado de un centro de rehabilitación con la finalidad de integrarlo a una célula de sicarios. Según el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el joven fue localizado y rescatado durante un reconocimiento realizado por fuerzas federales, quienes encontraron un domicilio con las puertas abiertas y signos de haber sido forzadas. El boletín oficial indica que al joven se le habría ofrecido empleo mientras se encontraba en el citado centro de rehabilitación.
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Posteriormente, durante un recorrido efectuado en la zona sur del estado, elementos del Ejército Mexicano localizaron a dos jóvenes menores de edad caminando sobre la carretera Mazatlán-Nayarit, a la altura del poblado de El Trébol.
De acuerdo con el informe oficial, ambos menores solicitaron el apoyo de las autoridades, manifestando haber sido víctimas de privación de la libertad días atrás en el poblado de Isla del Bosque, perteneciente al mismo municipio.
Este tipo de reclutamiento forzado ya había sido señalado en ocasiones anteriores, especialmente en clínicas de rehabilitación ubicadas en las ciudades de Culiacán y Mazatlán. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha concluido en investigaciones previas que los internos abandonan dichos centros por su propia voluntad, tras ser "invitados" por grupos armados a trabajar con ellos.