“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades municipales y estatales”, pero antes de que la FGR atraiga el caso deberá hacer una investigación de fondo, afirmó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el hallazgo del campo de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco.
El funcionario reiteró que en un plazo que debe ser muy corto la FGR hará una investigación, pero todavía no la atracción hasta que tengan la certeza de las responsabilidades locales y del municipio del Estado, además de que acudirán a hablar con el grupo de familiares buscadoras que lo encontraron, además de todos los antecedentes, “creo que tenemos mucha información sobre eso”.
Es un tema muy crítico y muy grave. Esto nos debe llevar a una reflexión que es muy importante” relacionado con los datos que da el Inegi, en torno al 95% de los delitos que son del fuero común y el otro cinco del fuero federal.
Por esta razón, dijo el fiscal, “lo que significa los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada. Nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos y de ahí es de donde devienen esas situaciones tan críticas como las que ahora estamos comentando”.
La investigación se hará sobre la historia de este caso donde aparecieron cientos de zapatos, ropa y otras pertenencias.
Sobre si hay datos de que funcionarios estarían involucrados, el fiscal indicó que “en esas circunstancias esa información es fundamental porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito”.
Lo que la FGR hará es “establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como bien sabe este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano, entonces había habido ya una serie de operaciones en los alrededores, era un tema que era francamente conocido, entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes”.
Parte de este antecedente es para determinar quiénes protegían esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles, “inclusive hay un caso de una carta de un joven que hace inferencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”.
Este caso es una oportunidad para establecer “la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer”.
Al fiscal general de la República se le preguntó si se llamaría a cuentas a la autoridad local: “Tenemos que llegar al fondo de ese asunto” y refirió que, por ejemplo, el caso de San Fernando fue de una “brutalidad histórica”.
Por esta razón “nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión, por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todas esas prendas, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio y si tiene la característica porque usted sabe que para un crematorio se necesitan unos niveles muy altos que si no se logran no funciona”.