El cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, ha admitido su culpabilidad en un caso que lo vincula con el narcotráfico. El artista se declaró culpable de conspirar para realizar transacciones financieras con un narcotraficante designado por el gobierno de Estados Unidos. Esta admisión se produjo en el marco del juicio contra Ángel del Villar, director ejecutivo de la disquera Del Records, en una corte federal de Los Ángeles.
Según la Fiscalía estadounidense, Ortiz participó en conciertos organizados por Jesús “Chucho” Pérez Alvear, un promotor mexicano vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pérez Alvear fue sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero para el CJNG y fue ejecutado el año pasado en la Plaza Miyana, en Polanco.
La fiscalía reveló que Ortiz realizó seis conciertos organizados por Pérez Alvea y, posteriormente, otras 19 presentaciones bajo su promoción. A pesar de haber sido informado por agentes del FBI en 2018 sobre la designación de Pérez como narcotraficante, Ortiz continuó participando en estos eventos, siguiendo las indicaciones de Ángel del Villar.
Se espera que Gerardo Ortiz testifique en contra de su exrepresentante, Ángel del Villar, y proporcione detalles sobre sus encuentros con agentes federales y su decisión de seguir actuando en los eventos relacionados con Jesús Pérez Alvear.
El juicio también involucra a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, quien fue arrestado junto con Del Villar en 2022. La acusación detalla que en abril de 2018, un músico de Del Records fue trasladado en un vuelo privado desde California a México para actuar en un evento de Pérez Alvear, con el pago realizado con la tarjeta de crédito de Del Villar.
Además de estos eventos, Ortiz realizó otras cuatro presentaciones en México entre 2018 y 2019, en estados como Baja California, Guanajuato y Chiapas, todas bajo la promoción de Pérez Alvear.
Gerardo Ortiz, uno de los principales artistas de Del Records, ha estado bajo escrutinio público desde 2016, cuando fue detenido en Jalisco por apología del delito tras la publicación de un video musical controvertido.
La revelación de su culpabilidad se produce en medio del juicio contra Ángel del Villar, quien enfrenta cargos por presuntamente violar la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados. Este caso pone de manifiesto las complejas relaciones entre la música regional mexicana y el crimen organizado en México.
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